En las escandalosa redada del Baile de los Cuarenta y Uno donde fueron detenidos 42 hombres, muchos de ellos vestidos de mujer, no hubo imparcialidad en la aplicación de la ley: sólo los más pobres, los que carecían de influencias, fueron consignados a la comisaría para sufrir el escarnio público: barrer las calles cercanas, encarcelarlos en Arcos de Belén, enrolarlos obligatoriamente en el ejército para ser enviados a Yucatán y luchar contra los indios mayas. Pero, ¿cuál era el delito? El Hijo del Ahuizote resumió en forma definitiva la esencia del problema: "la depravación de los ‘cuarenta y uno’ no está calificada de delito en el Código; la falta a la moral que cometieron no fue pública y no hubiera llegado a las proporciones del escándalo sin la intervención de la política que la reveló y hacerla notoria. Dos factores: moral y política. En el primero de ellos se rompe lo tácito: tolerar sin comprobar y sugerir sin demostrar pero el baile por afanes de la casualidad, rompe las reglas del juego de las buenas conciencias e invade los espacios públicos. Las católicas costumbres fueron atacadas, transgredidas, la naturaleza divina comprometida, el fin último de la procreación, olvidado". A partir de esa noche, dentro de la cultura mexicana, decir "cuarenta y uno" fue referencia tanto de homosexualidad como índice de intolerancia.